GRANADA/ALMERÍA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado la
suspensión cautelar del acuerdo de Pleno del pasado 12 de febrero de
2026 por el que se nombró a Álvaro Ramos como alcalde de Garrucha
(Almería) en el marco del pacto con el PP para ceder la Alcaldía en la
recta final del mandato.
En un auto, el alto tribunal andaluz rechaza la adopción de esta medida
solicitada por el PSOE encaminada a paralizar el nombramiento del Pleno
mientras que se resolvía la cuestión de fondo, en la que se plantea que
Ramos --que fue expulsado de IU-- no puede ejercer la Alcaldía.
Recuerda el tribunal en su resolución que acceder a la medida
cautelar solicitada "supondría anticipar el sentido del fallo a adoptar
en el recurso principal, lo que, en términos generales está vedado" toda
vez que se traduciría en una "estimación anticipación" de una
sentencia.
"La decisión de no acordar la suspensión, en
definitiva, obedece a la regla general de la ejecutividad de los actos
administrativos, respecto de la cual la suspensión opera como una
excepción", recuerda la Sala de lo Contencioso-administrativo.
De este modo, el TSJA mantiene a Ramos en el cargo de primer edil
mientras que analiza detalladamente la cuestión de fondo antes de
adoptar un pronunciamiento final.
El Pleno del Ayuntamiento
de Garrucha eligió el 12 de febrero como nuevo alcalde del
municipio a Álvaro Ramos, quien se presentó a las elecciones bajo las
siglas de Garrucha para la Gente y conformó un pacto de gobierno con el
PP por el que se estableció una alcaldía de alternancia que le permite
estar al frente del Consistorio los 14 meses.
El representante
municipal contó con el apoyo de los seis concejales del PP, el concejal
de Vox y el edil con el que Ramos se presentó a las elecciones frente a
la candidatura presentada por la socialista María López, que reunió
solo siete apoyos de su grupo, al que se sumó el concejal de UCIN.
Investigan al alcalde por supuestas obras irregulares en una finca rústica de Vera
Por otra parte, a Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera mantiene abierta una investigación judicial contra el alcalde
de Garrucha, Álvaro Ramos, ante un supuesto delito contra la ordenación
del territorio y el medio ambiente a raíz de unas obras de edificación
de una vivienda con piscina en una finca rústica de Vera.
Fuentes judiciales han confirmado que el primer edil
garruchero fue llamado a declarar el pasado 23 de abril por el titular
de la Plaza 4 del mencionado juzgado en calidad de investigado en
relación a sus actuaciones en la parcela que, según afirmó, adquirió en
2020 junto con su mujer.
La juez inició la investigación el
pasado 9 de marzo tras haber recibido una denuncia por parte del Seprona
de la Guardia Civil en la que se manifestaba que el primer edil --que
también es agente de Medio Ambiente de profesión-- habría realizado
construcciones "ilegales" en su finca.
El atestado apunta que
la finca habría experimentado distintas obras a lo largo de los últimos meses que habrían transformado una edificación rústica, destinada a establos o
granjas, en un inmueble destinado al uso residencial.
Según
sus averiguaciones, la parcela habría sido objeto de obras entre 2016 y
2023 "sin licencia urbanística municipal, sin autorización ambiental ni
informe favorable alguno" a pesar de situarse en suelo "no urbanizable
de carácter natural o rural" conforme al planeamiento de Vera.
Así, consta la construcción de una vivienda de 95 metros cuadrados
entre 2016 y 2018, la realización de una ampliación entre noviembre de
2019 y mayo de 2021 --ya bajo la propiedad de Ramos-- y la ejecución de
una piscina de 25 metros cuadrados y dos porches entre mayo de 2021 y
junio de 2023, además de un aparcamiento y almacenaje para una
embarcación.
Según el Seprona, dichas construcciones se
hicieron sin obtener los permisos necesarios al tiempo que no podrían
considerar "autorizables bajo ninguna de las excepciones previstas en la
normativa urbanística y medioambiental vigente" al exceder "con mucho"
los límites previstos en la normativa vigente.
La denuncia de
la Guardia Civil ahonda además en que las construcciones incumplen las
normas subsidiarias vigentes y vulnerarían la LOUA puesto que lo
construido no se corresponde con "edificaciones destinadas a uso
agrícola, forestal ni ganadero" al tiempo que tampoco es una "vivienda
vinculada a explotación agrícola ni equipamiento de interés público o
social".
Así, advierten que el conjunto se configura como una
actuación "sistemática" de "urbanización ilegal" al tiempo que avisan
de la supuesta responsabilidad del primer edil garruchero al considerar
que, bajo su condición de agente de Medio Ambiente, habría actuado con
"pleno conocimiento de su ilegalidad".
La actuación del
Seprona vino dada a partir de la denuncia interpuesta por el
exresponsable municipal de Urbanismo de Garrucha, que advirtió de
posibles irregularidades en la finca situada en el paraje Nuevo
Olivares. El mismo fue denunciado por Ramos en el marco de otro
procedimiento por supuestamente haber regalado materiales de obra
financiados con fondos municipales a vecinos del pueblo.
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