Así el modelo adoptado —basado en la delimitación territorial de los municipios afectados y en la correcta inscripción del agricultor o ganadero en sus respectivos registros: REAFA y/o REGA— no garantiza que los fondos lleguen prioritariamente a los agricultores y ganaderos que han sufrido las pérdidas más severas.
En este sentido, se considera que “aunque son unas medidas muy importantes, no están bien diseñadas”, al entender que la aplicación por término municipal no pone el foco en la recuperación de la capacidad productiva de aquellas explotaciones más afectadas.
Al deficitario diseño de las ayudas se añade, además, una exclusión imperdonable para la provincia de Almería, no figurando la comarca de Los Vélez entre los municipios beneficiarios del Real Decreto.
En este punto, desde COAG Almería “se está solicitando ya formalmente al Gobierno central y a la Subdelegación del Gobierno en Almería una rectificación para que los agricultores y ganaderos de esta comarca, afectados de forma grave por los fenómenos meteorológicos, puedan acceder a los fondos previstos”, indica Góngora, responsable de organización.
Este primer paquete estatal contempla ayudas de hasta 25.000 euros por explotación para profesionales ubicados en los municipios incluidos en la orden ministerial. El diseño de la convocatoria establece que las ayudas se tramiten de oficio, sin necesidad de solicitud expresa por parte del beneficiario.
Para poder optar a ellas, las explotaciones deben estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía (REAFA) y, en el caso de la ganadería, en el Registro de Explotaciones Ganaderos (REGA).
Pese a la automatización del procedimiento, desde COAG Almería “se prestará asesoramiento a los agricultores y ganaderos que lo necesiten, apoyando en la resolución de las dudas que puedan surgir al respecto”, ha indicado Andrés Góngora.
En paralelo, COAG Almería insta a la Junta de Andalucía para que las futuras ayudas autonómicas se orienten prioritariamente a explotaciones que hayan perdido su capacidad productiva y que necesiten financiación urgente para recuperar su actividad y para paliar los daños que hayan podido sufrir.
En un contexto de creciente vulnerabilidad climática y de estrechos márgenes en la agricultura almeriense, COAG Almería continúa defendiendo una estrecha interlocución agraria como única vía para conseguir una mayor precisión en el destino de los recursos y una evaluación más ajustada de los problemas agrarios reales.
El Ejido y Adra solicitan la declaración de Zona Gravemente Afectada
Los ayuntamientos de El Ejido y Adra han solicitado al
Gobierno central, en el ámbito de sus competencias, la declaración de
Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil tras los
daños ocasionados por los temporales registrados en los primeros meses
de 2026.
Con esta medida pretenden activar ayudas
extraordinarias para reparar infraestructuras, compensar pérdidas
económicas y recuperar espacios públicos afectados, según han trasladado
ambos consistorios en sendos comunicados.
En El Ejido, el
Ayuntamiento ha pedido formalmente a la Administración General del
Estado esa declaración para la playa de Balerma.
El alcalde de El Ejido,
Francisco Góngora (PP), ha señalado que "la declaración permitiría
activar medidas extraordinarias para la reparación de daños, la
protección de infraestructuras y la recuperación del litoral, y que la
contratación se pueda llevar a cabo por procedimiento de urgencia".
Los episodios de intenso oleaje han provocado la desaparición casi
total del perfil de playa seca y el impacto reiterado del mar contra el
muro del Paseo Marítimo, con roturas en el pretil, escaleras y rampas de
acceso, además de afecciones en establecimientos, fincas agrícolas y
viviendas, "lo que ha generado una situación de riesgo evidente para la
población y para las actividades económicas del núcleo de Balerma".
Los informes técnicos municipales advierten de un proceso de
regresión grave, constatado mediante mediciones topográficas realizadas
en 2016, 2019, 2021, 2023 y el 23 de febrero de 2026.
La última refleja
retrocesos de 20,83 metros en Las Cuevecillas, 29,64 metros en el
varadero y 18,41 metros en la zona central junto a la Torre,
"superándose los 25 metros en varios tramos en los últimos cinco años".
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Transición
Ecológica estudios técnicos específicos para evaluar la estabilidad
estructural del muro del paseo marítimo y posibles procesos de
socavación, tras detectarse grietas, desprendimientos y armaduras
expuestas y oxidadas.
"La pérdida de playa seca supone una
reducción significativa de la superficie útil, una menor capacidad de
amortiguamiento natural frente al oleaje y un impacto negativo en el uso
público y turístico del litoral, con consecuencias socioeconómicas
relevantes", ha apuntado el regidor ejidense.
También ha
reclamado la publicación "urgente" del proyecto anunciado en marzo de
2025 que contemplaba la construcción de ocho espigones, una escollera y
la aportación de arena, con el fin de "valorar su alcance, viabilidad
técnica y planificación temporal".
Por su parte, el Pleno del Ayuntamiento de Adra ha respaldado por
unanimidad la iniciativa municipal para instar al Ejecutivo central a
adoptar esa declaración para el municipio.
La solicitud se
fundamenta en los episodios de lluvias y vientos que han impactado de
"forma significativa" en bienes municipales, explotaciones agrícolas,
infraestructuras rurales, el litoral, el sector pesquero y propiedades
privadas, "superando la capacidad de respuesta ordinaria de la
administración local".
Entre los sectores más afectados figura
el agrícola, con pérdidas de cosechas en cultivos bajo plástico e
invernaderos, daños estructurales en cubiertas y cerramientos,
afecciones en sistemas de riego y paralización de la actividad
productiva en numerosas fincas.
También se han producido daños
en la red de caminos rurales, fundamentales para el acceso a
explotaciones y diseminados, con afecciones en firmes, cunetas y
sistemas de drenaje.
Como municipio marítimo, Adra, donde
gobierna el PP, ha sufrido daños en playas, accesos y elementos de
protección del frente costero, así como en embarcaciones, artes de pesca
e instalaciones vinculadas a la actividad portuaria, "lo que ha
provocado la interrupción temporal de la actividad y pérdidas económicas
para los profesionales del mar".
El acuerdo plenario solicita
ayudas específicas para explotaciones agrícolas y compensaciones por
pérdidas de cosechas, así como actuaciones urgentes en caminos rurales y
medidas para la recuperación del litoral y los servicios de playa.
También reclama ayudas para la reparación de infraestructuras
municipales, beneficios fiscales y medidas laborales y de Seguridad
Social para actividades económicas afectadas, especialmente la
agricultura intensiva.
Además, plantea ayudas específicas al
sector pesquero, incluida la reparación de embarcaciones y la moratoria
en las cuotas de autónomos del mar, así como ayudas directas por daños
en viviendas y propiedades privadas.
La Junta de Andalucía abre un plazo de diez días para que los municipios soliciten ayudas por las borrascas
Tras el paso del tren de borrascas que afectó a distintos puntos de Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero, la Junta de Andalucía abre este martes un plazo de diez días hábiles para que los municipios afectados soliciten ayudas. La cuantía máxima global destinada a estas subvenciones asciende a 35 millones de euros, según la disponibilidad presupuestaria de las partidas correspondientes.
Según el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publicado el lunes 23 de febrero y consultado por Europa Press, los municipios y entidades locales autónomas afectadas deberán remitir, a partir de este martes, a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en su provincia --responsable de la ejecución de la "fase de recuperación" del plan de emergencias de protección civil-- una valoración técnica y económica de los daños sufridos como consecuencia de la situación de emergencia, a efectos de la solicitud y concesión de las ayudas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.4 del decreto, este acuerdo se fundamenta en razones de interés público, social, económico y humanitario, para la concesión directa de las ayudas, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como con el artículo 2 del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, que regula las ayudas a entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos, emergencias de protección civil y catástrofes públicas, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, aprobó en su reunión del 18 de febrero de 2026 la declaración de situación excepcional prevista en el citado decreto.
De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 277/2023, de 5 de diciembre, se considerarán subvencionables todas aquellas actuaciones necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, conservación especial o limpieza, así como la reposición a su uso original o cualquier otra actuación de carácter similar sobre las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas por las borrascas ocurridas entre el 23 de enero y el 16 de febrero.
También se incluyen los gastos corrientes o de inversión que se generen en la ejecución de proyectos que se ajusten al objeto y finalidad del decreto, siempre que se cumplan los requisitos del citado artículo 8.
En cuanto a la zonificación de los daños, el informe técnico indica que estos se han producido en toda la comunidad debido a los fenómenos meteorológicos adversos de lluvia y viento. Dichos daños se enmarcan en el artículo 8 del Decreto 277/2023, al tratarse de daños extraordinarios en infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local, destinadas al ejercicio de competencias locales o a la prestación de servicios públicos, por lo que cumplen los requisitos para ser subvencionados según lo establecido en el artículo 1 del decreto.
Según lo previsto en el mismo decreto, la cuantía máxima global destinada a estas subvenciones asciende a 35 millones de euros, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de las partidas correspondientes del Capítulo 4 del programa presupuestario 81A (Cooperación Económica y Coordinación con las Corporaciones Locales), gestionado por la Consejería competente en administración local e integrado en el Plan de Cooperación Municipal, sin perjuicio de posibles modificaciones presupuestarias que fueran necesarias. Asimismo, se autoriza la concesión de anticipos de pago a cuenta de las subvenciones que se otorguen.
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