SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles el proyecto
de Ley de Montes de Andalucía (LEMA) tras recibir los únicos votos
favorables del Grupo Parlametario Popular.
La principal
novedad de esta ley radica en que "prepara al sector forestal para los
retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios
sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres
últimas décadas", según subrayaron desde la Junta cuando el Consejo de
Gobierno aprobó esta iniciativa legislativa el pasado mes de noviembre.
Esta nueva Ley de Montes sustituye a la vigente Ley Forestal de
Andalucía de 1992, anterior incluso a la estatal de 2003, siguiendo
además el mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación
más reciente subraya "la urgencia de revisar en profundidad el marco
normativo forestal andaluz".
La nueva ley se estructura en
siete títulos, con 144 artículos, además de disposiciones adicionales,
transitorias, derogatoria y finales.
Entre las principales
novedades del texto se encuentra la "modernización" de la colaboración
entre administraciones, de forma que la norma "consolida los convenios
de cooperación entre la administración forestal autonómica y las
entidades locales, garantizando la autonomía municipal y la
corresponsabilidad en la gestión de los montes de titularidad local".
En el ámbito de la participación pública, se crea el Consejo Andaluz
de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituye al anterior Consejo
Andaluz de Biodiversidad. Este nuevo órgano "amplía sus funciones y se
adapta a las exigencias actuales de planificación, gestión y
conservación, sirviendo como foro de encuentro entre administraciones,
sector forestal y sociedad civil".
Por otro lado, con esta ley
el ya existente Catálogo de Montes de Andalucía pasa a denominarse
Registro de Montes Públicos de Andalucía, un cambio de nombre que, según
la Junta, "evita confusiones y establece una distinción clara entre los
montes de carácter demanial y los patrimoniales, cada uno con su
régimen jurídico propio".
También se unifica el sistema de
usos y aprovechamientos, así como las normas de deslinde y recuperación
posesoria, y se determina que "todos los montes de titularidad
autonómica se incluyan en el registro, reforzando su protección y
garantizando su preservación como patrimonio forestal de todos los
andaluces".
La LEMA introduce la figura del monte protector
para los terrenos privados, "en consonancia con la legislación básica
estatal". Este reconocimiento, según defienden desde el Gobierno
andaluz, permite "incentivar la conservación de estos espacios mediante
ayudas específicas y beneficios para sus titulares, fomentando una
gestión más sostenible".
En materia de información forestal,
la norma incorpora por primera vez un título completo dedicado a la
recopilación de datos, estadística y extensión forestal.
El
texto aborda, igualmente, la recuperación del Fondo de Mejoras, una
figura "histórica y crucial para la gestión de montes públicos
catalogados", y reconoce "el papel fundamental de las ciencias
forestales como base del conocimiento y de la gestión sostenible".
Se promueve la investigación, la experimentación y la transferencia
tecnológica, incorporando el uso de nuevas técnicas vinculadas a la
digitalización y la inteligencia artificial en la conservación y
administración de los montes.
En esta línea, se prevé la
creación de la Red Muestra, integrada por montes públicos y privados que
sirvan de ejemplo de gestión sostenible, y el desarrollo de un Programa
de Divulgación Forestal que acerque este conocimiento a la sociedad.
La formación y la educación forestal también adquieren protagonismo,
impulsando la red de centros de capacitación y experimentación como
espacios para la formación de profesionales del sector y la
actualización de conocimientos técnicos. Asimismo, la estrategia
territorial se actualiza con una nueva delimitación de las comarcas
forestales, lo que permitirá una administración más eficiente y cercana
al territorio.
En materia de gestión forestal sostenible, la
LEMA "abre la puerta a nuevos modelos tipo de planificación y fomenta la
certificación forestal, e incorpora un mecanismo innovador para que los
productos forestales con valor de mercado generados en actuaciones de
mejora computen en el presupuesto de la intervención, reduciendo el
gasto público y poniendo en valor los recursos del monte como motor de
bioeconomía rural".
La simplificación administrativa es otro
de los pilares del texto. Muchos procedimientos de autorización se
sustituyen por declaraciones responsables, lo que, según la Junta,
"agiliza las operaciones forestales y facilita la gestión de los
propietarios".
El texto "refuerza además el apoyo a la
ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de
los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios".
Por otro lado, la ley considera las actuaciones de repoblación,
restauración y selvicultura activa como "proyectos de absorción de
emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal".
Junto a ello, se regula por primera vez el concepto de servicios
ambientales, estableciendo "las bases para un sistema justo de
compensación a los titulares de terrenos forestales por los beneficios
que sus montes aportan a la sociedad, como la captura de carbono, la
protección del suelo o la regulación hídrica".
El texto dedica además especial atención a la prevención y
restauración frente a los incendios forestales, "reforzando el marco
normativo que ya establece la Ley de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales de 1999".
En el ámbito del fomento
forestal, se incentiva la actividad de empresas, industrias y
cooperativas que cuenten con personal cualificado y se crea el Registro
Andaluz de Empresas, Industrias y Cooperativas Forestales.
El
apoyo a la modernización del sector es otra de las "líneas estratégicas"
del texto. La ley promueve ayudas específicas para la renovación del
parque de maquinaria forestal, el desarrollo de la innovación y la
digitalización, y la mejora de la competitividad de las industrias
andaluzas vinculadas a la madera, el corcho y otros productos
forestales.
La LEMA también impulsa la colaboración
público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de
colaboración. Estas entidades facilitarán la ejecución de actuaciones de
gestión forestal sostenible por cuenta de la administración o de los
titulares de los montes, mejorando los plazos de resolución y
optimizando resultados.
Finalmente, el texto establece un
régimen de responsabilidades "proporcionado y equilibrado, orientado a
prevenir, minimizar o restaurar los daños que puedan producirse,
reforzando la defensa de la integridad de los montes andaluces".
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha
asegurado en el cierre del debate que se trata de una norma que "afecta a
más de la mitad del territorio andaluz", así como su condición de "ley
muy técnica", y cuya "doble ambición" es "proteger mejor nuestros montes
y gestionarlos de forma más eficaz, sostenible".
Tras
agradecer el trabajo de su antecesor, el también consejero Ramón
Fernández-Pacheco, ha subrayado la contribución de una norma para
afrontar "los retos del siglo XXI" al poner de manifiesto que la norma
precedente era de 1992, mientras ha subrayado que "se simplifican
procedimientos administrativos" junto con "seguridad jurídica".
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