SEVILLA.- El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, 25 de
febrero, con los únicos votos a favor del PP-A, el proyecto de Ley para
la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), que ha superado así el debate
final en la Cámara andaluza con los votos en contra de los grupos de la
oposición, esto es, el PSOE-A, Vox, Por Andalucía y el Grupo
Mixto-Adelante Andalucía.
Se trata de un proyecto de ley que
aprobó el Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre, y que este
miércoles ha salido adelante en el Parlamento tras seguir una
tramitación de urgencia, con la incorporación a última de hora de cuatro
enmiendas del Grupo Socialista con apoyo del PP-A.
La nueva
ley consta de 197 artículos agrupados en torno a nueve títulos, así como
de cinco disposiciones adicionales, otras tantas transitorias, una
disposición derogatoria y siete finales.
Al concluir el debate
final, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina
García, ha tomado la palabra desde la tribuna del Pleno para dedicar
palabras de agradecimiento a quienes han participado en la elaboración
de esta ley, y para subrayar la "convicción" del Gobierno andaluz acerca
de que "la sostenibilidad y el medio ambiente es un compromiso firme
con el presente y el futuro de nuestra tierra".
La consejera
ha defendido que esta ley nace con la "vocación inequívoca" de "proteger
mejor el medio ambiente andaluz, garantizándolo y, al mismo tiempo, con
procedimientos mucho más eficaces y ágiles", así como ha reivindicado
que uno de sus "grandes logros" es "haber sabido equilibrar protección
ambiental y simplificación administrativa".
En esa línea, ha
subrayado que la nueva norma "clarifica procedimientos, evita
duplicidades, ordena los instrumentos de intervención ambiental sin
rebajar para nada la exigencia de estándares de protección", según ha
remarcado para destacar a renglón seguido que "se refuerzan los
mecanismos de evaluación ambiental estratégica y de proyectos, se
precisan los supuestos de aplicación y se fortalecen los sistemas de
inspección y de control".
Además, la consejera ha defendido
que "la evaluación ambiental se consolida como una herramienta esencial
para adoptar decisiones basadas siempre en criterios técnicos", lo que
aporta "confianza a la ciudadanía, seguridad jurídica a las empresas y
eficiencia a las administraciones públicas", según ha abundado.
Tras sentenciar que "proteger el medio ambiente no es un obstáculo al
desarrollo", sino "la condición indispensable para que ese desarrollo
sea duradero y responsable", la consejera ha apuntado que esta ley
"también debe ser considerada como una nueva oportunidad para
compatibilizar la sostenibilidad ambiental y las nuevas oportunidades de
desarrollo técnico", y se constituye como "una herramienta al servicio
de todos los andaluces" en un contexto en el que se afrontan "desafíos
importantes" como el "cambio climático", la "pérdida de biodiversidad" y
la "transición hacia modelos productivos más sostenibles".
"Con esta ley, Andalucía se dota de un marco moderno, coherente y
garantista para abordar estos retos con planificación, con mucho rigor
técnico y con mucha responsabilidad institucional", ha concluido
Catalina García.
Entre las principales novedades de la ley, destaca la creación de la
Estrategia Marco de Medio Ambiente, que actuará como "instrumento de
planificación estratégica de referencia para Andalucía".
También se crea
el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que sustituirá al
actual Consejo Andaluz del Medio Ambiente y que contará con la
representación de los agentes sociales y económicos "más relevantes",
así como de las entidades locales.
La ley promueve igualmente
la coordinación interadministrativa, reforzando la cooperación entre los
distintos niveles de gobierno para "evitar retrasos y conflictos
competenciales", según valoran desde la Junta.
Asimismo, la norma crea un Registro de Participación Ciudadana en
materia ambiental, así como impulsa "convenios, instrumentos voluntarios
de mejora ambiental y mecanismos de colaboración público-privada", y
con ella se amplían las funciones de las entidades colaboradoras en
materia de calidad ambiental, que podrán realizar "tareas de
verificación documental, apoyo en inspecciones y control de
subvenciones, siempre bajo supervisión de la Consejería de
Sostenibilidad y Medio Ambiente".
Por otro lado, introduce la
creación de la Licencia Ambiental, que sustituye a la antigua
Calificación Ambiental que otorgan los ayuntamientos.
Así, lo que en la
anterior regulación se tramitaba como Calificación Ambiental (CA) pasa,
en muchos casos, a resolverse mediante Autorización Ambiental Unificada
Simplificada (AAUS), lo que implica que la Junta asume la resolución de
49 categorías de actuaciones que antes correspondían a los municipios.
Asimismo, otras 33 categorías se simplifican pasando a ser objeto de
Declaración Responsable de los Efectos Ambientales (DR-EA).
Además, en
los casos en que una declaración responsable afecte a dos municipios, se
resolverá como dos declaraciones diferenciadas, "garantizando una
correcta gestión en cada término municipal".
Desde el Gobierno andaluz valoran igualmente que uno de los avances
más destacados de esta nueva ley es la "reducción significativa de los
tiempos de tramitación de las autorizaciones e instrumentos de
prevención ambiental".
Los nuevos plazos quedan fijados en
seis meses para la Autorización Ambiental Integrada y en cinco meses
para la Autorización Ambiental Unificada Simplificada; tres meses para
Licencia Ambiental; y efectos inmediatos para la Declaración Responsable
de los Efectos Ambientales.
Desde la Junta reivindican además
que la Legam "refuerza la inspección, vigilancia y control ambiental
con un nuevo marco regulador que precisa las competencias, la
planificación y el ejercicio de la función inspectora".
Asimismo, el texto actualiza el régimen sancionador, revisando importes,
tipificaciones y competencias. Introduce la prestación ambiental
sustitutoria, una figura novedosa que permitirá sustituir una sanción
económica por actuaciones de restauración, conservación o educación
ambiental, reforzando así el sentido reparador y educativo de las
sanciones.
Finalmente, también se actualizan las disposiciones
relativas a responsabilidad medioambiental, "en coherencia con la
legislación básica estatal", y se incorporan nuevas obligaciones y
garantías financieras para las actividades potencialmente generadoras de
riesgo ambiental.
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