ALMERÍA.- La Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha anunciado un contencioso contra el expediente de Palomares si no se descontamina la tierra que dice está 160 veces más contaminada que Chernóbil, y acusa al gobierno de haber autorizado "la experimentación con humanos, engañando al pueblo, y de otras actuaciones ilegales".
La Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que desde 2005 lucha contra la inacción gubernamental y local en relación con la contaminación radioactiva de Palomares, se acaba de personar en el expediente con un escrito de alegaciones a la Secretaria de Estado de Energía y anuncia que en caso de no recibir respuesta en el plazo preceptivo de tres meses, o de que esta no sea satisfactoria, interpondrán un recurso contencioso administrativo el día 4 de septiembre.
En dichas alegaciones Salvemos Mojácar denuncia que los terrenos siguen sin descontaminar, así como el engaño sistemático a la opinión pública que se viene poniendo en práctica por parte de la administración desde 1966, así como el engaño al pueblo de Palomares, a quien se ha usado como conejo de indias para estudiar los efectos de la radioactividad en la salud.
El engaño a la población y a la opinión pública en general continúa hasta nuestros días con los frecuentes comunicados del CIEMAT y CSN afirmando que no hay riesgo para la población.
Como consecuencia de esta postura oficial, se cultivan productos hortícolas en el lindero de la zona vallada y se pretenden urbanizar terrenos que están incluso dentro de esa zona como es el caso del Ayuntamiento de Vera que está desarrollando el sector RC6 incluyendo a la fosa de 3.000 m3 como zona verde y proyectando viviendas en el lindero de la valla.
Las viviendas se ubicarán a escasos metros del impacto de la bomba 2 donde hay 16 millones de bequereles por m2 de plutonio, o sea 160 veces más que en Chernóbil, donde en la zona restringida no se superan los 100.000 por m2.
En segundo lugar se denuncia que es inaceptable el giro reciente por el que el CSN ha decidido no calificar Palomares de accidente nuclear, sino solo “situación de exposición perdurable”.
No es legalmente posible calificar a Palomares como una situación de exposición existente porque el RPSRI de 2022 define como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.”
En Palomares no se ha declarado finalizada la emergencia como se prevé en el sistema de gestión de emergencias. Se engañó a la población en 1966 para que removiera el plutonio enterrado y así poder experimentar las consecuencias de la radiactividad en el organismo humano sin conocimiento de los afectados vulnerando así el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.
Considerar a Palomares como una exposición existente además de ser ilegal supone validar la experimentación con humanos, los certificados falsos entregados a los agricultores, las declaraciones del Sr. Fraga de 1966, etc.
No es posible considerar finalizada la emergencia cuando los norteamericanos dejaron la práctica totalidad del plutonio enterrado y construyeron dos fosas con material radiactivo que permanecen desde hace 60 años. No es legalmente posible declarar finalizada la emergencia ante estos hechos.
Por último alegan que la Ley de Energía Nuclear vigente ya en 1966 sanciona las conductas anteriormente descritas. Tras su última reforma atribuye al MITECO la competencia de fijar plazo para la restauración de Palomares.
Por ello y ante la gravedad de los hecho y de las acciones y omisiones del gobierno ante este gravísimo tema, así como ante la amenaza de construcciones al lado de los terrenos más contaminados, con el riesgo consecuente de nueva dispersión en el aire de partículas radioactivas, así como el riesgo de que estas se hayan dispersado ya por las escorrentías de aguas en la zona, Salvemos Mojácar anuncia nuevas medidas legales que, por ahora, consistirán en un recurso contencioso administrativo, ante la esperable falta de respuesta, o respuesta insuficiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico.
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